Desde el CONSEJO ESTATAL DEL PUEBLO GITANO, ante los lamentables hechos ocurridos en Íllora, condenamos enérgicamente los ataques sufridos por las familias gitanas de este municipio contra sus bienes y derechos, y hacemos un llamamiento para el cumplimiento de la legalidad, que es igual para todos, y pedimos la colaboración de todos para que se arbitren las medidas necesarias para restablecer la paz y la convivencia pacífica.
El 15 de agosto falleció el Joven Juan Trujillo, cuya desgraciada muerte se está investigando y por la que se encuentra detenida una persona que se entregó voluntariamente a la Guardia civil.
Ese mismo día se convocó una manifestación tras la cual, como en ocasiones anteriores, se sucedieron varios incidentes violentos en los que algunos de los asistentes se dirigieron hacia las casas de las familias gitanas causando importantes daños, volcando vehículos y quemando sus bienes. Por temor a las represalias las familias habían huido del pueblo.
Desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano queremos manifestar lo siguiente:
-En primer lugar y como ya expresamos, lamentamos la muerte del joven Juan Trujillo y confiamos en que la justicia actuará para condenar al autor o autores del crimen que ya se encuentran a disposición judicial. Hacemos llegar nuestro pésame y consternación a los familiares y vecinos del difunto.
-También consideramos inadmisible que un grupo de personas se tome la justicia por su mano, y en contra de la ley pidan la expulsión del pueblo de las familias gitanas, totalmente ajenas a los hechos acaecidos, causen daños a sus viviendas y vehículos y coarten sus derechos, con actuaciones que, tras la reciente reforma del código penal pueden ser tipificadas como un delito de antigitanismo.
-Frente a esa situación de inseguridad y desprotección, las autoridades públicas deben garantizar los derechos de todas las personas. Desde el inicio de estos lamentables hechos estamos trabajando con la subdelegación del Gobierno Civil de Granada, el Ayuntamiento de Íllora y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que les hemos solicitado que en el ejercicio de sus funciones adopten todas las medidas necesarias para proteger a las familias gitanas que residen en Íllora así como que las que han abandonado el pueblo por temor a las represalias puedan volver a sus casas, y que se restaure la convivencia pacífica.
-Nos consta que ya se han iniciado diligencias de investigación para el esclarecimiento de estos hechos contra las familias gitanas y para que los mismos no queden impunes y se aplique nuestra normativa con toda la contundencia precisa.
-Mostramos nuestra preocupación por la extensión que se hace de los hechos cometidos por una persona, a todo un grupo. En un Estado de Derecho la responsabilidad penal es individual, no familiar o étnica y en ningún caso puede culparse a un grupo por los hechos cometidos por una sola persona.
– En nuestro ordenamiento jurídico no existe la pena de destierro y que las penas privativas de derechos sólo se pueden acordar en sentencia condenatoria por hechos determinados y para el autor de los mismos. Así mismo, hacemos un llamamiento para que en todas las manifestaciones que se realicen a los medios, sobre todo por parte de autoridades, se extreme el cuidado en las declaraciones, para evitar confusiones y expresiones que perjudiquen la cohesión y la paz social.
-Reiteramos el llamamiento a los medios de comunicación, y a su responsabilidad en el tratamiento de las noticias, para evitar que con las mismas se perjudique la convivencia pacífica que ha caracterizado a este municipio, a Andalucía y a nuestro país.
– Y, por último, solicitamos un esfuerzo para que las necesarias ayudas a estas familias como consecuencia de los hechos violentos descritos se realice a través de los canales oficiales y en colaboración con las distintas administraciones locales, autonómicas y estatales en función de cada una de sus competencias, como ya se está haciendo y se confíe en nuestro Estado de Derecho que tiene que proteger a todos sus ciudadanos.
En Madrid a 26 de agosto de 2022.
Ignacio Álvarez Peralta (Secretario de Estado de Derechos Sociales y Presidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano)
Patricia Bezunartea Barrio (DG de Diversidad Familiar y Servicios Sociales y Vicepresidenta Primera del Consejo Estatal del Pueblo Gitano)
Carmen Santiago Reyes (vicepresidenta Segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano)
