Desde KAMIRA aplaudimos esta ley y celebramos que sea realidad un anhelo largamente deseado, ya que contempla al antigitanismo como delito que podrá ser castigado por primera vez con penas de hasta cuatro años de cárcel. Kamira ha participado en diversas reuniones de estudio en su proceso de redacción, y ha impulsado y pedido durante años su aprobación, que ahora confiamos sirva para trazar nuevas líneas en la lucha contra la discriminación

FUENTE:  NWETRAL.ES

La ya aprobada Ley Zerolo es un marco normativo común en España con mecanismos para favorecer la igualdad y evitar la discriminación en diferentes ámbitos: sanitario, educativo, laboral, habitacional… Pero, además, contempla novedades como la introducción del antigitanismo como delito de odio en el Código Penal o el establecimiento de un régimen sancionador administrativo.

Pedro Zerolo, entonces concejal en el Ayuntamiento de Madrid y responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE, anunciaba en 2008 la intención de crear una ley estatal que garantizase la igualdad de trato para aquellos colectivos que sufren discriminación. “Esta ley va a permitir luchar de mejor manera, y con nuevos instrumentos, contra la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, el racismo, la xenofobia, el machismo”, decía Zerolo, fallecido en 2015. Sin embargo, la ley no ha sido una realidad hasta 14 años después. Finalmente, este jueves 30 de junio de 2022, en el Congreso ha sido aprobada la Ley Zerolo, llamada así informalmente en su honor, o Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. Es también la misma fecha en la que hace 17 años, en 2005, se aprobó la Ley del matrimonio igualitario.

Así define la discriminación la aprobada Ley Zerolo

La Ley Zerolo, que acaba de ser aprobada tras incorporar las enmiendas del Senado, define los tipos de discriminación que existen y señala que “nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Así, define y diferencia los conceptos de discriminación múltiple e interseccional. Según el texto aprobado, la primera se produciría cuando “una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en la ley”. Un ejemplo sería que a una mujer negra se le denegase poder alquilar una habitación en un piso, operando dos discriminaciones: la de género y la racial.

Otra cuestión distinta es la discriminación interseccional, que la ley define así: “Cuando concurren o interactúan diversas causas previstas en la ley, generando una forma específica de discriminación”. Un ejemplo sería la no contratación de una mujer musulmana con hiyab para un empleo como profesora: es un empleo al que sí acceden otras mujeres que no llevan elementos religiosos, así como los hombres. Como explica a Newtral.es Blanca Rodríguez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, “no es una suma de discriminaciones, por género y por religión, sino una forma específica de discriminación que solo sufrirían las mujeres musulmanas que llevan velo”.

Por otro lado, también se diferencia entre discriminación directa e indirecta. La primera de ellas, como explica a Newtral.es la abogada Charo Alises, especializada en derechos LGTBI, “se produce cuando hay un agravio comparativo entre un grupo y otro”: “Por ejemplo, que en un bar le digan a una persona que no la dejan entrar porque es gitana”. La indirecta, prosigue Alises, “suelen ser normas aparentemente inocuas o la propia ausencia de una regulación de derechos en igualdad”: “Por ejemplo, cuando no existía una norma que permitía el matrimonio igualitario, las parejas del mismo género no podían casarse y, por tanto, no podían acceder a determinadas ayudas”, añade.

Por último, la recién aprobada Ley Zerolo también establece que se puede producir “discriminación por asociación y por error”. Por asociación es aquella discriminación que se extiende a todas las personas de un grupo con alguna característica vulnerable. “Por ejemplo, que agredan a todas las personas de un grupo en el que hay mayoría migrantes y un par de personas no migrantes”, apunta Alises. Por error sería “cuando se le asume una característica determinada a una persona y se la discrimina por ello”, como asumir “que es homosexual, no lo sea, por su expresión de género”.

El abogado Saúl Castro, especializado en derechos LGTBI y presidente de No es terapia (asociación que lucha contra las terapias de conversión), considera que “la Ley Zerolo aprobada es importante en su forma de contemplar todas estas categorías porque sienta las bases de las diferentes formas de discriminación que existen de cara a, por ejemplo, aplicar el régimen sancionador”.

El antigitanismo como delito de odio en el Código Penal

Una de las disposiciones que se ha introducido durante la fase de enmiendas es la de considerar el antigitanismo como un delito de odio en el Código Penal y también como una agravante más en el artículo 22.4.

Hasta ahora, tanto el artículo que versa sobre los delitos de odio (510) como el que introduce agravantes por determinados motivos (22.4) no hacía referencia explícita al antigitanismo. Sí señalaba que se podría considerar delito de odio o agravante si se probaba que la comisión del acto estaba motivada por el racismo, entre muchas otras circunstancias. Se cita expresamente el antisemitismo o la aporofobia, pero no el antigitanismo. “Se entendía que esto iba dentro del término ‘racismo’, pero era claramente necesario hacerlo explícito porque facilita la persecución de estos delitos”, explica el abogado Saúl Castro.

Un régimen sancionador para aquellas situaciones discriminatorias que no constituyen un delito

Uno de los puntos novedosos de la Ley Zerolo aprobada este jueves en el Congreso es la creación de mecanismos para sancionar la discriminación cuando esta no constituye un delito contemplado en el Código Penal. Como explica a Newtral.es Cristina de la Serna, abogada y directora del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano: “Se ha avanzado bastante en el ámbito penal, en relación a los delitos de odio, que es la manifestación más grave, pero hay muchas discriminaciones que todavía no se regulan en ningún sitio”.

Así, aquellos actos discriminatorios que no constituyan un delito penal serán considerados infracciones (leves, graves o muy graves). Atendiendo al grado, la ley contempla multas de entre 300 y 500.000 euros (las leves entre 300 y 10.000 euros, las graves entre 10.001 y 40.000 y las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros).

También Selene de la Fuente, abogada y técnica de Igualdad en la Fundación Secretariado Gitano, señala a Newtral.es que “el régimen actual solo contempla mecanismos penales, conductas que por su gravedad son delito”. “Pero hay muchas otras conductas discriminatorias que no alcanzan el estatus penal y que deben tener respuesta”, añade.

De la Fuente pone de ejemplo la discriminación en el ámbito de la vivienda: “Que una inmobiliaria te diga que no te alquila el piso porque el propietario no quiere tener inquilinos gitanos, o que se especifique en una web de alquiler que las personas gitanas deben abstenerse, no constituye un delito penal, así que es una discriminación que, a día de hoy, se queda en un limbo”. Sin embargo, la Ley Zerolo aprobada prohíbe esto (en relación a la vivienda) en el artículo 20, así como la discriminación en otros ámbitos como el laboral, el educativo o el sanitario. Estas situaciones, al no cursar por la vía penal, sí podrían considerarse infracciones, conllevando una sanción.

Para el doctor en Derecho Francisco Peña Díaz, jurista especializado en derechos LGTBI, reconducir este tipo de actos al ámbito civil “puede tener una solución más satisfactoria”: “Son actos que no tienen la gravedad necesaria para ser considerados delitos, por lo que genera frustración en las personas discriminadas al no haber ningún tipo de condena ni sanción”, apunta a Newtral.es.

Peña Díaz pone el siguiente ejemplo: “Una persona a la que por su identidad y expresión de género se le niega, en una tienda, que se pruebe determinado tipo de ropa. Esto sería muy difícil encuadrarlo como delito de odio, pero se podría entender que es una denegación de un servicio, constituyendo un acto de discriminación”. Esto sí podría constituir una infracción con la recién aprobada Ley Zerolo.

Perfiles discriminatorios, sin definir en la Ley Zerolo

“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad evitarán la utilización de perfiles discriminatorios sin una justificación objetiva”, apunta la Ley Zerolo en su artículo 18, que versa sobre la seguridad ciudadana.

Como explica Saúl Castro, “el uso de estos perfiles se emplea, sobre todo, con personas racializadas”. “Señala que se evitará su uso, pero no establece ninguna medida para garantizar que así sea. Cuando se usan estos perfiles se produce habitualmente una discriminación indirecta muy difícil de probar. Habría que demostrar, con una gran recogida de datos, que la mayoría de identificaciones o detenciones se realizan en base a cuestiones raciales y económicas [en referencia a la aporofobia]. Podrían haber propuesto realizar auditorías internas o exigir que se hagan públicos los criterios que se usan para la identificación de personas”, concluye Castro.