Tras los hechos acaecidos en el municipio jienense de Castellar el pasado 19 de agosto, en los que, tras una disputa vecinal, los vecinos de este municipio se manifestaron sin la necesaria autorización, exigiendo que las familias gitanas se marcharan del pueblo ( llegando incluso a incendiar la vivienda de una de estas familias), varios representantes de entidades gitanas, entre ellos, la presidenta de Kamira, Carmen Santiago, Antonio Vázquez, vicepresidente 2º del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el presidente de Faga, Juan Fernández y Nicolás Jiménez, y Carmen Carrillo en representación de Unión Romaní , se reunieron con el Alcalde de dicha localidad para pedirle que se persigan, al igual que cualquier otro tipo de delito e independientemente de la etnia de quien los cometa, los delitos cometidos contra las familias gitanas, así como para recordarle que las familias víctimas de estos lamentables incidentes, independientemente de su condición de gitanas, son también ciudadanos de este municipio, y que, como tales y en su calidad de máxima autoridad municipal, es su obligación velar por su seguridad en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos del municipio.
Se reproducen, una vez más, los hechos acaecidos recientemente en Estepa, Sevilla, con el intento de expulsión de varias familias gitanas del pueblo, la presión vecinal hacia estas familias, las convocatorias a través de redes sociales, el incendio de viviendas, etc., y de nuevo se vuelve a generalizar, culpabilizar y estigmatizar a toda la comunidad gitana.
Ante esta situación la Federación Kamira quiere:
– Exigir a las autoridades que actúen en consecuencia con nuestra legislación vigente, persiguiendo y castigando a quienes cometan cualquier delito, independientemente de su raza.
– Exigir que se identifique a cualquier ciudadano de Castellar que haya podido cometer algún delito, independientemente de su etnia, y actuar en consecuencia.
– Exigir, ante la gravedad de los hechos, una adecuada protección a las familias gitanas de Castellar.
– Expresar de nuevo nuestra más honda preocupación al comprobar que, una vez más, se criminaliza a toda la comunidad gitana por las actos supuestamente cometidos por alguno o algunos de sus integrantes.
– Instar de nuevo al Fiscal especializado de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Jaén, para que abra diligencias por si los hechos descritos fuesen constitutivos de un delito de discriminación tal y como establece nuestra legislación vigente y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, incluyendo las víctimas de delitos de odio.
Pedir de nuevo a los medios de comunicación evitar en estos casos hacer mención a la etnia para evitar favorecer la ya desgraciadamente habitual generalización que sufrimos todos los gitanos y gitanas en estos casos.
